Imputan nuevos cargos contra Emilio Tapia por irregularidades en Emcali
Emilio José Tapia Aldana, señalado de ser uno de los principales responsables por la pérdida de 70 mil millones de pesos del sonado contrato de Centros Poblado con el Ministerio de las TIC.
En las últimas horas se conoció que una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo a Emilio José Tapia Aldana los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
El material de prueba, según indica la Fiscalía General de la Nación da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021.
En la investigación de la Fiscalía se conoció que Emilio José Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos.
Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.
“Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos”, expuso la Fiscalía General de la Nación -FGN-.
Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, a donde fue trasladado el pasado 23 de junio a la capital atlanticense luego de lograr a su favor un fallo de tutela que interpuso su esposa, Natalia Morales, alegando que se estaba vulnerando los derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana.
El sindicado sigue como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado ´Centros Poblados´, en el que se apropiaron recursos de un contrato que pretendía garantizar internet a escuelas rurales del país.
En este último caso es una pieza clave y fundamental Jorge Enrique López Benavides, quien es uno de los implicados en el escándalo de Centros Poblados, capturado en las calles de Bogotá hacia mediados de mayo de este año, y que en un principio, se había declarado inocente de los delitos que le imputó la Fiscalía.
Este sujeto está acusado de falsificar el contrato con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para desviar fondos que, presuntamente, terminaron en manos del empresario Emilio Tapia.
López Benavides tuvo una participación fundamental para conseguir las pólizas falsas, con las que se logró la adjudicación del contrato de la Unión Temporal Centros Poblados.
Este mismo acordó multimillonarios pagos a través de pólizas falsas, las cuales fueron desviadas hacia el empresario Emilio Tapia, quién está en la cárcel por este mismo escándalo, junto al corredor de seguros Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, señalados también de alterar los documentos de dicha contratación, qué pretendía llevar internet a las zonas rurales de Colombia.
