JEP: así operaba la Brigada Móvil 15 para ejecutar falsos positivos

Este martes la Sala de de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a un general, nueve militares y a un civil por su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’ en Norte de Santander y el Catatumbo. Según el Tribunal de Paz, el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander (Bisan) y la Brigada Móvil 15 del Ejército (Brim15) asesinaron a 120 civiles inocentes y los presentaron como bajas en combate para aumentar resultados y obtener beneficios como vacaciones y bonos.

La JEP calificó estos hechos como ‘sistemáticos’ dentro de la fuerza pública y describió en el Auto de 284 páginas cómo se ejecutaron y se ocultaron también en la ilegalidad para cometer los crímenes. Los hechos por los que se imputaron a las 11 personas ocurrieron entre el 21 de enero de 2007 y el 25 de agosto de 2008, cuando se registró un pico de casos.

Según lo recogido por la Sala, los resultados ilegales se dieron por la presión de mandos superiores por presentar bajas “a como diera lugar” y así mantener a estas unidades militares en los primeros lugares del ranking de “muertes en combate” y así lograr felicitaciones, medallas, permisos, planes vacacionales, entre otros.

“…las desapariciones forzadas y asesinatos aquí probados tienen las mismas características y obedecen a una misma finalidad última, cual es la satisfacción del indicador oficial del éxito del esfuerzo militar: el cuerpo sin vida del enemigo abatido con un arma que demuestra su condición de combatiente, reportado siguiendo el curso y procedimiento oficial para ello”, especificó la JEP describiendo esto como un ‘patrón macrocriminal’.

Primero, el coronel Santiago Herrera Fajardo, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 y Álvaro Diego Tamayo Hoyos, entonces comandante del Bisan, transformaron sus unidades militares para empezar a identificar víctimas en complicidad con militares de confianza que no tenían experiencia en inteligencia. Al tener la información necesaria creaban operaciones montaje para asesinar a los civiles. “El montaje de estas operaciones requirió del acuerdo entre miembros del Estado y Plana Mayor de las unidades con los miembros de la tropa para definir cómo se simularían el combate y conseguirían las armas y demás elementos que serían implantados a las víctimas asesinadas”.

Luego, al estar con las víctimas, las retenían y las ubicaban en el lugar establecido para cometer el crimen y les ponían las prendas usuales de insurgentes. Esto se dio específicamente en 2007 cuando Santiago Herrera estuvo de vacaciones y Rubén Darío Castro quedó al mando. Según la JEP, él presionaba a la brigada para que hicieran la inteligencia y les decía que debían estar “mandando gente” a buscar información y argumentaba que para eso había “plata” haciendo referencia a los pagos que se le suministraba a los informantes en los territorios.

En 2006, cuando Santiago Herrera Fajardo llegó a la comandancia, designó a Daladier Rivera Jácome como jefe en el Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA), reemplazando a Jayson Ramón Velandia quien dijo en su paso por la Central que esta carecía de elementos para ejecutar labores de inteligencia y señalando que había militares que ni siquiera tenían experiencia en inteligencia. Cuando Herrera llegó, designó a Rafael Urbano, alguien sin antecedentes en esta labor. Para este momento él ya había asesinado en 2004 a un civil presentado como baja en combate. Su nombre era Leonardo Quintero Rincón.

Ya con Rivera al frente, el programa de capacitación de inteligencia de 15 días diseñado por Velandia, pasó a ejecutarse en cinco, lo que la JEP señala como una de las razones en las actuaciones irregulares de los miembros del CIOCA. Pero la designación de Rivera como director de la Central de Inteligencia, como se mencionó antes, se dio por la confianza de Herrera en él y no por su experiencia, la cual no existía; según él mismo, esa confianza se dio porque en abril de 2007, siete meses antes de asumir el cargo, en un operativo, se encontró una caleta con seis fusiles y seis pistolas que no se reportó y le entregó directamente a Santiago Herrera y que fue usada después para simular los combates con los que cayeron varios inocentes.

Con la conformación irregular del CIOCA y con aportes del Bisan, se empezaron a expedir las órdenes que, incluso en muchas ocasiones, ni siquiera estaban firmadas, es decir, se empezaron a ejecutar misiones sin inteligencia previa. “En la información oficial aprobada por Herrera para avanzar en las operaciones militares analizadas no se encuentra evidencia de que la información proveniente de agentes de inteligencia y de ‘inteligencia de combate’ fuese debidamente analizada y evaluada”, explica la JEP.

“… las víctimas extrajudiciales sí las conseguíamos así, cada cual. Se hacía la investigación, se corroboraba, se hablaba con delincuencia, se preguntaba quién era, qué hacía, dónde vivía, cuál era la familia, cuál era el movimiento de él. Veíamos que nunca hacía nada, que se la pasaba en el mercado o que era negocios pa’ arriba y pa’ abajo de droga. Eso lo ubicábamos nosotros hasta llegar al momento de que uno tomaba contacto con esa persona, hacer algún negocio. De pronto comprarle medio kilo de marihuana o decirle: “¿Usted tiene un arma que necesitamos? Véndanosla”, y se la buscaban a uno. O sea, uno llegaba a tomar el contacto con ellos hasta cierto punto de que uno ya confirmara que esa persona era lo que nosotros estábamos investigando”, explicó Rafael Urbano ante la JEP.

Incluso detallaron el caso de Ariel Jaime Arias, a quien en febrero de 2007 asesinaron. Según Urbano, investigó al hombre por seis meses y se le fue acercando en bares e invitaciones para tomar cerveza y luego le ofreció un negocio para mover un dinero que los paramilitares tenían en una caleta y cuando este aceptó, Urbano le dijo a Rivera Jácome y cuando se organizó el operativo, engañaron a Arias para llegar a la salida de Ocaña y allí Urbano se lo entregó a Rivera quien lo subió a una camioneta para ser asesinado y presentado, finalmente, como una baja en combate.

La Sala le preguntó a Urbano que cómo confirmaba que era cierto lo que le decían sobre los presuntos actos delictivos de las futuras víctimas, a lo que contestó que se dejó llevar por una o dos palabras y que se montaba en la historia porque la presión de dar resultados era mucha.

Nexos con exparamilitares

La Sala encontró también que Urbano no solo seleccionó a sus víctimas por lo que encontraba u oía en sus ‘investigaciones’ sino que algunas eran dadas por Jhon Jairo Pabón, alias Loquillo, ex miembro del Bloque Nevados de Santa Marta al mando de los Mellizos Múnera, quienes previamente estuvieron vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Uno de esos casos fue el del asesinato de Luis Antonio Sánchez Guerrero el 16 de abril de 2007 conocido en Ocaña como ‘Chicharrón’. En este caso, de acuerdo con lo señalado por el propio Jhon Jairo Pabón y confirmado por Carlos Mora, él con otros miembros de la banda criminal siguiendo las órdenes de su jefe alias ‘Leo’ retuvieron a Luis Antonio Sánchez valiéndose de engaños, aprovechando que Luis Antonio era mototaxista en Ocaña y se lo entregaron a URBANO568 quien le informa y coordina con RIVERA, este último como comandante del Grupo Especial Espada es el encargado de presentarlo como ‘baja en combate’”.

Tomado de INFOBAE