Caso “chuzadas”: uniformados implicados se negaron a declarar ante la Fiscalía
Un giro dramático ha dado el caso de Laura Sarabia, la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, en medio de un escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales que sacude al país.
Los interrogatorios realizados por la Fiscalía General de la Nación a los miembros de la Policía Nacional han dejado más preguntas que respuestas, ya que los uniformados decidieron ejercer su derecho a guardar silencio durante estas audiencias.
El epicentro del escándalo se encuentra en las víctimas de las interceptaciones: dos exempleadas de Sarabia. Se citó a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional a rendir declaraciones.
Los roles desempeñados por estos uniformados abarcaban desde la analítica de comunicaciones hasta la investigación de campo. Este acontecimiento se añade a las labores de investigación en curso por parte de fiscales especializados en interceptaciones telefónicas ilegales.
Las víctimas en cuestión son Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y Fabiola, una empleada doméstica en la residencia de la exfuncionaria. Según informes de los fiscales, los acontecimientos arrancaron el 26 de enero pasado.
En esa fecha, un informe de la Policía Judicial solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas correspondientes a abonados diferentes a Meza y Fabiola. Solo cuatro días después, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato que indicaba que ambas líneas estaban a nombre de dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo’.
Esta mención a los alias ‘La Cocinera’ y ‘La Madrina’ resultó ser una invención del uniformado y se utilizó como pretexto para intervenir las líneas de las exempleadas de Sarabia.
De acuerdo con los investigadores, este documento erróneo llevó a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales a ordenar la intervención de estas comunicaciones.
La Fiscalía ha precisado que, después de interceptar las líneas durante 10 días, el investigador de la Dijín solicitó suspender la actividad porque no se obtenía información relevante sobre el ‘Clan del Golfo’. En cambio, solo se escuchaban conversaciones personales.
Como parte de la investigación, agentes del CTI inspeccionaron la sala de polígrafo ubicada en el edificio Galán de la presidencia de la República, donde Meza fue sometida a un interrogatorio aparentemente irregular.
También se realizó una inspección judicial en el piso 13 del edificio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con la intención de determinar si en este lugar se clonó el teléfono de Meza.
Además, hay información preliminar que sugiere que este piso de la Dian podría funcionar como una especie de centro de comando para realizar labores de inteligencia por parte de organismos de seguridad del Estado, al servicio de la presidencia de la República.
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