Caso Vitalogic: Rodolfo Hernández apelará fallo de la Procuraduría que lo inhabilitó por 14 años

Tras conocer la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que lo inhabilitó por 14 años para ocupar cargos públicos, en el marco de la investigación por el caso Vitalogic, el excandidato a la Presidencia de la República y exsenador Rodolfo Hernández anunció que apelará la decisión del Ministerio Público.

A través de su abogado, Julio César Ortiz, que representa al político desde que estalló este escándalo, Hernández confirmó que buscará revertir la decisión disciplinaria hasta las últimas instancias e, incluso, llevará el proceso en su contra hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los argumentos de Rodolfo Hernández

Según la defensa, la Procuraduría no tiene competencia para inhabilitar al político de 78 años, que tenía la intención de aspirar a la Gobernación de Santander, a través de su partido: la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó en 2015 y le permitió llegar a la Alcaldía de Bucaramanga.

De acuerdo con Ortiz, el fallo decretado por la entidad es ilegal e “inconvencional”, porque va contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la que está suscrita el país. Con esta apelación, la decisión tomada por el ente disciplinario no queda en firme y lo que se pretende es que se restablezcan los derechos políticos del popular “ingeniero”.

El fallo de la Procuraduría en su contra

Hernández fue suspendido luego de que se encontraran pruebas que indicarían el conflicto de intereses del entonces alcalde de la Ciudad Bonita en la celebración del contrato con la firma Vitalogic, para la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, a través de una nueva tecnología.

“Se encontró su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”, precisó la Procuraduría en su fallo.

De acuerdo con la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, el exalcalde y excongresista tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar en la capital de Santander, a quienes, según la investigación, “entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio”. Lo cual le dio ventaja a Vitalogic sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección.

Hernández participó en las presidenciales en 2022, cuando en primera vuelta sacó 5.965.335 votos, con lo que le arrebató la posibilidad a Federico “Fico” Gutiérrez de pelear la contienda ante Gustavo Petro. Mientras que en la segunda perdió la elección con 10.604.337 sufragios y, luego, asumió su cargo como Senador, avalado por el Estatuto de la Oposición.

Estrategia repetida

Esta es misma estrategia jurídica que, en su momento, utilizó el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, cuando fue destituido e inhabilitado por 15 años en diciembre de 2013, por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado.

En ese entonces, el Ministerio Público determinó responsabilidad en el cambio del modelo de contratación de recolección de basuras en Bogotá, ciudad de la que era alcalde.

Aunque tras un largo proceso, el fallo se cayó, luego de que en noviembre del 2017 la Sala Plena del Consejo de Estado decretara que “no se configuraron las supuestas faltas disciplinarias que llevaron a la Procuraduría General a sancionar e inhabilitar al exalcalde de Bogotá”, por lo que se ordenó pagar los salarios y prestaciones que dejó de percibir Petro.

Su caso, de hecho, sentó un precedente, pues las decisiones de la Procuraduría ahora deben ser avaladas por un juez, en pro de respetar el derecho al debido proceso y a la doble instancia, ante la sospecha —en esa época— de que hubo una extralimitación de funciones de Ordóñez Maldonado.

Otro mandatario que acudió a la CIDH fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que el 11 de mayo de 2022 se decretara la suspensión de tres meses de sus funciones, aplicada por la procuradora Margarita Cabello Blanco; por presunta participación en política, en el marco de las elecciones presidenciales en las que, justamente, resultó elegido Petro.

Infobae