Centros Poblados: Emilio Tapia no tiene responsabilidad fiscal en el caso
La exministra de las TIC Karen Abudinen también fue declarada libre de responsabilidad fiscal por no ser gestora fiscal en ese proyecto.
Aunque está siendo procesado penalmente por el caso de Centros Poblados, el cuestionado contratista Emilio Tapia acaba de salir bien librado de un proceso fiscal que seguía la Contraloría por estos hechos.
El órgano de control lo declaró exento de responsabilidad fiscal al considerar que él no era gestor fiscal en ese contrato, en el cual se alcanzó a pagar a la Unión Temporal Centros Poblados un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), también fue declarada libre de responsabilidad fiscal por no ser gestora fiscal en ese proyecto.
Es de recordar que el proceso fiscal que había abierto el órgano de control por los hechos de Centros Poblados era por las presuntas irregularidades en la suscripción, manejo del anticipo y ejecución de dicho contrato.
Aunque Tapia y la exministra Abudinen, además de otras 14 personas, fueron desvinculados del proceso al considerar que su actuar no comportó gestión fiscal, la Contraloría General, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó responsabilidad fiscal por 67.970 millones de pesos a varias personas.
Según informó la entidad, por irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020 se imputó a los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, a los integrantes del consorcio interventor, al socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos, y a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De acuerdo con la investigación de la Contraloría, las irregularidades en el contrato, que llevaron a su terminación anticipada, fueron consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna.
«Esta situación impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en los 16 departamentos del país, así como, deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría en cumplimiento del contrato 1045 de 2020″, se lee en un comunicado de prensa de la Contraloría.
¿Por qué los imputaron?
El órgano de control señaló que en medio del proceso de responsabilidad Fiscal No. 80011-2021-39465, abierto por estos hechos, se determinó imputar a los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal porque, como contratistas, «no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados», lo que llevó a que no se instalaran las soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito.
«Esto conllevó a la terminación anticipada del contrato, que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo», indicó la Contraloría.
También se imputó al socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos, pues la Contraloría consideró que su omisión en la entrega de los mismos contribuyó a la causación del daño patrimonial.
La imputación a los integrantes del consorcio interventor fue porque aprobaron unas órdenes de pago sin la verificación de los documentos que la soportaban, «es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos».
Según la Contraloría, el interventor también pasó por alto «solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos» por el inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos.
Finalmente, se informó que la imputación a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es por omitir sus deberes que le eran exigibles conforme al manual de funciones de la entidad.
Lo que viene en el proceso
Alexandra Cárdenas, Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, explica que esta imputación abarca a miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, así como a los miembros del Consorcio PE2020 C Digitales. https://t.co/pgr0TfEtTB pic.twitter.com/ViZ4ZUCLF1
— Contraloría General (@CGR_Colombia) October 12, 2023
Según explicó Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, la imputación no es el final del proceso, sino que el mismo continuará hasta llegar a un fallo con, o sin, responsabilidad fiscal.
Este fallo aún tomaría varios meses, pues el órgano de control debe seguir evaluando las pruebas en el proceso.
La jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción añadió que el proceso fiscal continuará hasta llegar a un fallo con, o sin, responsabilidad fiscal para los imputados, lo cual aún tomará varios meses.
Así mismo, Cárdenas precisó que la imputación se hizo por 67.970 millones de pesos, y no por los 70.000 del anticipo, porque los implicados han devuelto en la Fiscalía parte de los recursos, los cuales entran a ser parte del erario.
La funcionaria añadió que por el momento, y mientras llega el fallo, se mantendrán las medidas cautelares dictadas sobre los bienes y cuentas de los imputados; mientras que se levantarán las que había sobre los bienes de las 16 personas cuya investigación se archivó.
En materia penal, por este escándalo ya fue condenado Juan José Laverde, quien había ayudado a conseguir las pólizas falsas que presentó la UT Centros Poblados para quedarse en su momento con el contrato.
Por su parte, Emilio Tapia enfrenta audiencias preparatorias de juicio para que un juez determine si tiene responsabilidad penal por su rol en el entramado.
EL TIEMPO
