ONU asegura que 28 muertes durante paro nacional de este año serían responsabilidad de la fuerza pública

La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en el país publicó este miércoles su informe Lecciones Aprendidas para el ejercicio de reunión pacífica en Colombia, que analizó las violaciones y abusos cometidos durante las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril. Se documentaron 63 muertes en lo corrido de las protestas, de las cuales la fuerza pública es presuntamente responsable en 28 de los casos.

El informe concluye que, al menos del 28 de abril al 31 de julio de 2021, se presentaron situaciones, acciones y omisiones por parte del Estado, en particular de la Fuerza Pública, “incompatibles con el derecho de reunión pacífica y otros derechos humanos”. Además, el análisis permitió determinar que “se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos, tales como privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género; y actos de discriminación y racismo”.

El análisis se realizó con más de 623 entrevistas a testigos de presuntas violaciones de los derechos humanos; 505 reuniones con funcionarios gubernamentales, nacionales y locales, incluyendo la Fiscalía, Procuraduría, Policía y Defensoría del Pueblo; 373 reuniones con organizaciones de la sociedad civil y personas que se encontraban protestando y el sector privado. Así como misiones de verificación en el sitio y observaciones directamente en el paro.

También realizó un análisis forense de videos con más de 2.414 piezas de material audiovisual que fueron categorizadas según su credibilidad y relevancia para el análisis de los hechos priorizados. Al final, 83 videos fueron analizados y georreferenciados, así como contrastados con diferentes fuentes e información para cuatro incidentes en Cali.

En total, la oficina recibió alegaciones sobre la muerte de 63 personas en el contexto de las protestas, de estas verificamos 46 casos de muertes, 46 vidas perdidas durante la protesta. 34 de ellas ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca. 44 de estas víctimas eran civiles, casi todos manifestantes o transeúntes y dos eran policías. En al menos 28 de estos casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública. En 10 habrían sido cometidos por individuos vestidos de civil mientras que en otros 8 casos no tuvimos información para identificar al presunto perpetrador”, señaló Juliette de Rivero, delegada de la ONU para los derechos humanos en Colombia.

La funcionaria explicó que cuando se habla de muertes se trata de casos ocurridos en el transcurso de la protesta, o como consecuencia de las acciones u omisiones del estado en las manifestaciones. “La mayoría de las personas fallecidas eran jóvenes entre 17 y 26 años, jóvenes que vivían en barrios pobres, periféricos, hijos de padres campesinos, indígenas y afrodescendientes, jóvenes desplazados por la violencia, dedicados al comercio informal, artistas, deportistas, estudiantes o algunos de ellos desescolarizados”, sostuvo de Rivero.

Miembros de la denominada ‘primera línea’ de Cali, que conversaron con los funcionarios de la Misión de Observación, sostuvieron que se manifestaban para que sus hijos no tuvieran las mismas dificultades que ellos tenían. Uno de los testimonios manifestó que ser parte de las manifestaciones lo había hecho “ser alguien” y le había permitido comer por primera vez tres veces al día gracias a la solidaridad.

Pero las violaciones van más allá de las muertes. La Oficina de la ONU en Colombia recibió alegaciones de violencia sexual en contra de 60 personas durante las manifestaciones del paro nacional, 48 de las cuales son mujeres y 12 hombres, que habrían sido cometidas presuntamente por miembros de la Policía Nacional. La Oficina verificó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habrían sido cometida por miembros de la Policía.

La Oficina de la ONU para los derechos humanos sostuvo que también identificó ataques a la fuerza pública y la Policía, como la destrucción y quema de infraestructura, así como bloqueos que impidieron el disfrute de derechos humanos.

Sostuvo que los espacios de diálogo entre diferentes actores y las autoridades fueron el mecanismo más efectivo para proteger los derechos y neutralizar acciones de violencia. Además, celebró que el Estado haya anunciado tolerancia cero para los casos de violencia.

“Esto no es solo un tema de orden público, es un tema de protección de derechos. Además, el gobierno reconoce en su deber, porque es su deber proteger el derecho a la manifestación pacífica, como está consagrado en la constitución. Colombia tiene toda la institucionalidad y la legislación necesaria para proteger bien este derecho”, sostuvo de Rivero.

Sin embargo, la funcionaria puntualizó que, “de acuerdo a los estándares internacionales, los actos aislados de violencia no hacen que una manifestación pueda ser calificada como violenta. Es necesario individualizar estos actos violentos. Los actos aislados no justifican la dispersión de la manifestación o el uso de la fuerza y la mayoría de las manifestaciones que observamos fueron manifestaciones pacíficas”.

Por lo que insisten en que la fuerza pública solo intervenga y disperse las reuniones en apego estricto a los estándares internacionales. Que se priorice el diálogo para evitar situaciones de violencia y vulneraciones de derechos humanos, pues las muertes fueron producidas por el uso de armas de fuego y de baja letalidad.

“Tenemos razones fundadas para sostener que las autoridades no habrían actuado con la debida diligencia para proteger a los manifestantes frente a la actuación violenta de terceros. Las imágenes de particulares disparando sobre la Minga y los casos de varios manifestantes que fueron víctimas de disparos de civiles es sumamente preocupante”, señaló de Rivero.

Por lo que desde la Oficina de la ONU sostienen que el Estado debió garantizar, a su vez, las acciones de terceros, como la infiltración de grupos armados que intentaron introducirse en las manifestaciones. Además, piden que la Fiscalía investigue cada uno de los casos y haya sanciones. Así como impulsar una reforma a la Policía que permita reafirmar su carácter civil y los controles internos y externos de la institución.